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Un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos entró en vigor este 18 de septiembre de 2026. El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración modificaron oficialmente los criterios de inadmisibilidad bajo el concepto de carga pública.
Estas nuevas medidas endurecen las evaluaciones que determinarán si un inmigrante con residencia legal o un aspirante a la Green Card podría depender en el futuro de la asistencia estatal. Esta actualización revoca las directrices que estaban vigentes desde el año 2022.
A partir de ahora, los oficiales migratorios cuentan con un margen de discrecionalidad mucho más amplio para evaluar a cada solicitante. Bajo la normativa anterior, el análisis de carga pública se limitaba principalmente a la recepción de ingresos en efectivo y a la institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.
La nueva normativa busca redefinir los estándares de autosuficiencia para quienes buscan establecerse permanentemente en el país.
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